La prensa chicha y otras presiones

El sociólogo y periodista Fernando Rospigliosi, en su testimonio ante la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, enumera diversas estrategias del gobierno de Fujimori para desprestigiar a sus "enemigos" a través de la llamada prensa chicha o sensacionalista. Cuenta que se demostró que de la oficina de relaciones públicas del Ejército habían llegado faxes con varios titulares a esos diarios. Asimismo, menciona que trabajadores de El Chato demostraron que el dueño recibía hasta 6.000 dólares por titular publicado con su respectiva noticia inventada. La publicidad oficial se convirtió también en un arma para premiar o castigar la sumisión o la crítica al Gobierno. "La publicidad estatal fue la más importante en 1999 y la primera mitad de 2000, debido a la crisis y a la recesión, pero fue usada con propósitos políticos y de presión sobre los medios", señala Rospigliosi en su testimonio, y añade: "A los adeptos al Gobierno se les daba información privilegiada y a los medios críticos no se les daba ni siquiera la información que debía ser pública". Controlar la televisión era primordial para Fujimori. "Para ello se utilizaba mecanismos económicos contra las empresas. La Superintendencia de Administración Tributaria era particularmente estricta con quienes eran críticos del Gobierno, y extremadamente liberal con quienes no lo eran", recuerda Rospigliosi, autor del libro El arte del engaño: las relaciones entre los militares y la prensa. En el caso de Frecuencia Latina, la prensa chicha formó parte de la estrategia para quitarle el control del canal a su accionista mayoritario Baruch Ivcher. Dos revistas apegadas al Gobierno -Gente y Sí- lanzaron campañas en su contra, señala el periodista del canal 2 peruano, Iván García. El reportero cuenta que, por ejemplo, Sí intentó comprometer a Ivcher al vincularlo con un comercio de armas para las Fuerzas Armadas de Ecuador. El canal 2 comprobó luego que los documentos eran fraguados. "La farsa fue desmontada por Contrapunto, pero en un insólito acto, el Congreso, dominado por la mayoría fujimorista, censuró a los periodistas de ese programa por haber entrevistado a militares ecuatorianos. Al final, el operativo contra el canal 2 por este camino no prosperó". Luego de la huida de Fujimori a Japón, aparecieron recibos en los que "quedaron demostrados los millonarios pagos mensuales que Montesinos hacía a los Winter para tener el control de los contenidos del canal 2", acota el periodista, para quien, una vez que los hermanos tomaron el control de Frecuencia Latina, "toda la televisión peruana se convirtió en prensa oficialista"

De cómo el régimen fujimorista acalló al último canal crítico

Luego del autogolpe de Alberto Fujimori, el Gobierno peruano compró y silenció gran parte de las voces y los medios televisivos disidentes o críticos. El caso de la televisora Frecuencia Latina no fue el único, pero sí el más representativo por la proyección internacional que tuvo y el antecedente continental que representa. La Corte Interamericana falló a favor de Baruch Ivcher, accionista mayoritario de la emisora, y ordenó que el Estado restituyera sus derechos
Ana Elena Azpúrua
El 13 de julio de 1997, los televidentes del canal Frecuencia Latina de Perú observaron un nuevo reportaje de investigación que denunciaba abusos del régimen fujimorista: en el programa Contrapunto se informaba sobre 197 intervenciones telefónicas a periodistas, políticos y al ex candidato presidencial Javier Pérez de Cuellar. No era la primera denuncia, ni la más grave que hacía la emisora, pero fue el mismo día que Baruch Ivcher, accionista mayoritario del canal 2, se enteró de lo que ya presentía: había sido despojado de la nacionalidad peruana a través de una resolución administrativa (como divulgaba el diario oficial El Peruano). La medida tenía repercusiones directas sobre Frecuencia Latina: los extranjeros no pueden ser propietarios de emisoras de radio o canales de televisión en Perú. El empresario de origen israelí se había nacionalizado en 1984. Pero la resolución en su contra era más significativa por la política editorial del canal 2 en el concierto de medios televisivos. "El gobierno de Fujimori fue una dictadura con ropaje democrático, pero fue una dictadura", explica vía telefónica desde Lima, Ricardo Uceda, director del Instituto Prensa y Sociedad. Tras el autogolpe del 5 de abril de 1992, el Gobierno había iniciado un proceso de hostigamiento y censura de los medios. "Había un nivel de corrupción muy grande en los medios de comunicación televisivos. El Gobierno dejaba un poco que los medios impresos actuaran porque los consideraba de menor importancia", señala Uceda. El sometimiento de la televisión, añade, se dio mediante favores y pagos en efectivo. En ese panorama, Frecuencia Latina y las investigaciones que aireaba eran una excepción peligrosa para el régimen. "El único medio que se salió del control gubernamental fue el canal 2 después de haber sido su propietario muy cercano al régimen", comenta el director del IPYS. Sin embargo, cuando Ivcher pasó de ser "entusiastamente partícipe del régimen" a "crítico", se desató una estrategia legal que lo despojó de su control sobre el canal 2.
La escalera de la intimidación Entre finales de 1995 y principios de 1996, Frecuencia Latina creó una unidad de investigación y replanteó el programa Contrapunto, que llegó a tener una audiencia de 3 millones de televidentes (aproximadamente la mitad de los televisores encendidos, según han declarado los directivos del canal). Para Iván García, periodista del canal 2, la "historia del asalto" al medio televisivo se inició en 1996, después de que Contrapunto transmitió una serie de trabajos de investigación que revelaban vínculos corruptos entre algunos militares y carteles locales de la droga en la zona de Huallaga. En ese entonces se televisaron grabaciones radiales y documentos de inteligencia que "demostraban los oscuros nexos entre unos y otros". El poder militar negó las acusaciones, a las que se le agregaban nuevas denuncias. El canal 2 también difundió las declaraciones que el narcotraficante Demetrio Chaves -alias "Vaticano"- había hecho en un juicio público. Chaves afirmó que le había estado pagando 50.000 dólares mensuales a Vladimiro Montesinos, jefe del Servicio de Inteligencia Militar, para que lo dejara sacar droga en avionetas desde Huallaga hacia Colombia. "Hubo presiones directas para que el canal 2 y otros medios no difundieran estas declaraciones de 'Vaticano'. Frecuencia Latina desoyó los mensajes y continuó informando e investigando con absoluta independencia", asegura García, quien entonces era director de prensa. Luego de divulgar esas informaciones, el resguardo policial que recibía Frecuencia Latina fue retirado. En junio de 1992, el canal había sufrido un atentado con carrobomba, por el que inicialmente fue responsabilizado Sendero Luminoso, y en el que murieron tres empleados. Desde entonces una tanqueta vigilaba la estación. Luego de las denuncias de Contrapunto, Ivcher recibió además la visita de Alberto Venero, testaferro y emisario de Montesinos. De acuerdo con el testimonio que rendiría tanto el empresario como dos otros directivos del canal ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Venero le recordó a Ivcher que era un peruano nacionalizado y que tenía intereses en una fábrica de colchones en Ecuador. En 1995 hubo una guerra entre Lima y Quito por el control de cordillera del Cóndor, una zona limítrofe, y la situación entre ambos países continuaba tensa. El empresario se sintió amenazado. Ivcher sostiene que más tarde vinieron nuevas intimidaciones. Luego de transmitir dos programas especiales sobre Montesinos, una supuesta agente del Servicio de Inteligencia peruano le dijo que se investigaba su conexión con el Ejército ecuatoriano y le advirtió que se cuidara. Además, asegura que le ofrecieron 19 millones de dólares a cambio de que discutiera con funcionarios del Gobierno el contenido de Contrapunto. Pasaban los meses y los reportajes que divulgó Frecuencia Latina a principios de 1997 apresurarían la salida de Ivcher. García, quien vivió el conflicto, recuerda bien los temas: la mutilación y asesinato de la agente de inteligencia Mariela Barreto, a la que al parecer se acusó de filtrar informaciones a la prensa; el testimonio de la agente de inteligencia Leonor La Rosa -grabado con una cámara escondida en el hospital militar- en el que cuenta las torturas a las que fue sometida por sospechas similares a las que recayeron sobre Barreto, y los ingresos millonarios de Vladimiro Montesinos.
Vuelos rasantes Luego de los reportajes sobre Barreto y De La Rosa, otros intereses de Ivcher en Perú se vieron amenazados. Helicópteros del Ejército empezaron a volar sobre su fábrica Productos Paraíso, a poca distancia del techo. A los vuelos rasantes se le sumaron las investigaciones por presunta evasión fiscal. El 23 de mayo de 1997, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas parecía preparar el terreno para despojar a Ivcher de la nacionalidad. En un comunicado recalcaba su situación de "ciudadano nacionalizado peruano" al tiempo que lo acusaba de usar a Frecuencia Latina para lanzar una campaña de desprestigio contra las Fuerzas Armadas. El comando rechazaba "la tendenciosa y malintencionada campaña implementada, porque desnaturaliza el respeto a la libertad de expresión y pretende distanciar a las Fuerzas Armadas del pueblo". Cinco días después se publicó un decreto supremo por el cual se aprobaba el Reglamento de la Ley de Nacionalidad N° 26.574 en cuyo artículo 12 se estipula que "la nacionalidad podrá ser cancelada (...) por cometer actos que pudieran afectar la seguridad nacional y el interés del Estado". Un artículo que, de acuerdo con la demanda que se elevaría a instancias internacionales, contrariaba la Carta Magna peruana. Por esos días Ivcher se fue a Miami y los accionistas minoritarios de canal 2, Samuel y Mendel Winter, entraron a jugar sus cartas. Se supo entonces que se habían reunido con oficiales de inteligencia. Los hermanos firmaron un documento desligándose de la línea informativa de la televisora. Luego de una rueda de prensa encabezada por el general Fernando Vianderas, en la cual informó que no existía el expediente con el título de nacionalidad de Ivcher, los socios minoritarios presentaron una acción de amparo en la que solicitaban que se dejara sin efecto la compra de acciones que había hecho el socio mayoritario. Alegaron que al no ser ciudadano peruano estaba impedido de tener una participación en un medio televisivo. Fue entonces cuando el diario El Peruano publicó la noticia oficial: ya Ivcher no tenía nacionalidad.
Los otros socios El 19 de septiembre de 1997, los hermanos Winter tomaron el control de Frecuencia Latina. De acuerdo con García, los meses anteriores habían sido de "resistencia". El periodista recuerda que vivieron un proceso intenso y por momentos dramático. "Las presiones desde el poder eran enormes y las amenazas desde las oscuridades militares mayores. Durante casi dos meses, los periodistas se atrincheraron dentro de la sede de este medio para impedir el asalto, que finalmente se dio". El 19 de septiembre se les impidió el ingreso a los directores de prensa. Ese día, cuenta García, "más de 30 periodistas renunciaron por dignidad". Ese día también marcó un cambio en la línea informativa del canal 2. García señala que Frecuencia Latina se convirtió "en comparsa mediática del Gobierno, especialmente para lograr la segunda reelección inconstitucional de Fujimori en 2000 y para evitar que se siguieran descubriendo graves casos de corrupción y de violaciones de derechos humanos". Ya para ese entonces Ivcher había interpuesto una acción de amparo que fue declarada infundada por el Poder Judicial peruano. El caso llegó hasta el Tribunal Constitucional, que en ese momento sólo funcionaba con cuatro de sus siete miembros porque los magistrados que se negaban a avalar la segunda reelección de Fujimori fueron destituidos por el Congreso. Ivcher, además, también interpuso una medida cautelar para que se suspendieran los efectos de la resolución que lo dejaba sin nacionalidad, pero nuevamente se encontró con una pared, pues fue declarada improcedente. Los intentos del empresario y su familia por recuperar el canal mediante instancias legales internas parecían inútiles. Simultáneamente, el caso había llegado a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, que el 9 de junio de 1997 recibió una denuncia de un parlamentario peruano. El legislador advertía que se estaban creando las condiciones para quitarle la nacionalidad a Ivcher. El 26 de agosto, el propio empresario acudió al auxilio de la comisión, que admitió las peticiones hechas en el caso de Frecuencia Latina y luego formuló sus recomendaciones. El 31 de marzo de 1999, dos años después, la denuncia en contra del Estado peruano, que no había cumplido con las recomendaciones de la comisión en el caso de Ivcher, llegó a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. La comisión le solicitó a la corte que Lima reestableciera y garantizara al empresario el goce de todos sus derechos: la nacionalidad, la propiedad de la televisora, la libertad de expresión y que lo indemnizara por los daños materiales y morales que había sufrido. Al empresario, su esposa y su hija se le abrieron más de 20 juicios. La suma de los posibles años de cárcel para ellos era de más de 110. En la Corte Interamericana se libraba otra batalla. En agosto de 1999, Perú envió una comunicación en la que le informaba que el Estado había decidido retirarle la competencia al órgano judicial interamericano. Pero la estrategia jurídica no prosperó, pues a pesar del retiro de Perú, la corte se declaró competente para dictar sentencia en una caso que había sido introducido meses atrás. El 6 de febrero de 2001, la Corte Interamericana emitió su sentencia: Perú había violado los derechos de Ivcher y debía proveer las condiciones para que el empresario recuperara sus acciones en Frecuencia Latina. Finalmente, Ivcher recobró el control de la estación.
La prensa chicha y otras presiones E l sociólogo y periodista Fernando Rospigliosi, en su testimonio ante la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, enumera diversas estrategias del gobierno de Fujimori para desprestigiar a sus "enemigos" a través de la llamada prensa chicha o sensacionalista. Cuenta que se demostró que de la oficina de relaciones públicas del Ejército habían llegado faxes con varios titulares a esos diarios. Asimismo, menciona que trabajadores de El Chato demostraron que el dueño recibía hasta 6.000 dólares por titular publicado con su respectiva noticia inventada.
La publicidad oficial se convirtió también en un arma para premiar o castigar la sumisión o la crítica al Gobierno. "La publicidad estatal fue la más importante en 1999 y la primera mitad de 2000, debido a la crisis y a la recesión, pero fue usada con propósitos políticos y de presión sobre los medios", señala Rospigliosi en su testimonio, y añade: "A los adeptos al Gobierno se les daba información privilegiada y a los medios críticos no se les daba ni siquiera la información que debía ser pública".
Controlar la televisión era primordial para Fujimori. "Para ello se utilizaba mecanismos económicos contra las empresas. La Superintendencia de Administración Tributaria era particularmente estricta con quienes eran críticos del Gobierno, y extremadamente liberal con quienes no lo eran", recuerda Rospigliosi, autor del libro El arte del engaño: las relaciones entre los militares y la prensa.
En el caso de Frecuencia Latina, la prensa chicha formó parte de la estrategia para quitarle el control del canal a su accionista mayoritario Baruch Ivcher. Dos revistas apegadas al Gobierno -Gente y Sí- lanzaron campañas en su contra, señala el periodista del canal 2 peruano, Iván García. El reportero cuenta que, por ejemplo, Sí intentó comprometer a Ivcher al vincularlo con un comercio de armas para las Fuerzas Armadas de Ecuador. El canal 2 comprobó luego que los documentos eran fraguados. "La farsa fue desmontada por Contrapunto, pero en un insólito acto, el Congreso, dominado por la mayoría fujimorista, censuró a los periodistas de ese programa por haber entrevistado a militares ecuatorianos. Al final, el operativo contra el canal 2 por este camino no prosperó".
Luego de la huida de Fujimori a Japón, aparecieron recibos en los que "quedaron demostrados los millonarios pagos mensuales que Montesinos hacía a los Winter para tener el control de los contenidos del canal 2", acota el periodista, para quien, una vez que los hermanos tomaron el control de Frecuencia Latina, "toda la televisión peruana se convirtió en prensa oficialista".

Baruch Ivcher: "Chávez es capaz de todo"

El empresario al que el gobierno de Alberto Fujimori le quitó el canal de televisión, cree que los medios deben luchar hasta el final
BRIAMEL GONZÁLEZ
Primero le quitaron la nacionalidad peruana y después su canal de televisión Frecuencia Latina. Es la historia de Baruch Ivcher, el empresario de origen israelí, quien fue uno de los primeros en denunciar las irregularidades de Alberto Fujimori. Los procedimientos en contra de Ivcher estuvieron vigilados de cerca por el asesor Vladimiro Montesinos. El caso Ivcher es un emblema de la lucha por la libertad de expresión en América Latina, ya que develó la corrupción de la justicia en Perú e implicó, incluso, que ese país se retirara de la jurisdicción legal de la Corte Interamericana de Derechos Humanos cuando esta sentenció a favor del empresario asediado por el régimen fujimorista. A Ivcher le preocupa lo que está ocurriendo en Venezuela y no pone en duda que el Presidente cumpla su palabra de retirar las concesiones a los canales de televisión: "Ya lo dije antes. Chávez dice la verdad y no ha engañado a nadie. Es un dictador y hará lo que quiere con ese país, porque no le importa. Sólo quiere destruirlo. Es capaz de dejarlo con 10 soldados y dos tanques en la calle", declaró Ivcher desde Miami. El consejo que da el empresario a sus homólogos de las televisoras venezolanas es que den la lucha hasta el final: "Deben dormir ellos y sus periodistas en los canales, en los periódicos, porque las acciones en su contra suelen hacerlas en la noche. También deben resguardar las antenas repetidoras", advirtió Ivcher. Lo único que le produce envidia a Ivcher de la situación venezolana es la unión que observa en los empresarios y periodistas: "Todos se defienden como un solo bloque porque están conscientes de lo que significan los ataques. En cambio yo siempre estuve solo en mi lucha, porque el resto de los dueños de los medios tenía demasiado miedo al gobierno de Fujimori y terminaban complaciéndolo". Para el gerente televisivo, la presencia del secretario general de la OEA, César Gaviria, no es una garantía de que la situación de los medios y del país se solucione. "Para mí Gaviria no es de confiar. En Perú no solucionó nada, no hizo mayor cosa. Quizá podamos volver a confiar en la OEA cuando él haya salido de su cargo. Mientras tanto los venezolanos deben saber que perder las televisoras es como si les quitasen sus ojos y oídos. No puedo imaginarme un canal dirigido por militares", aseveró el empresario.

Piedra de toque: Historia de ratas

Mario Vargas Llosa
Cuando el presidente Fujimori huyó del Perú, y la dictadura que encabezó a lo largo de diez años se desplomó como un castillo de naipes, los nuevos gobernantes, elegidos por el Congreso para garantizar un proceso electoral limpio, se encontraron con un palacio de gobierno desmantelado por los antiguos locatarios (se habían llevado hasta los ceniceros y las sábanas), y atrozmente afeado por arreglos huachafos (la huachafería es la variante peruana de la cursilería). Se encontraron, también, con que la antigua Casa de Pizarro era un nido de ratas. La compañía encargada de desratizar palacio capturó y contó, antes de incinerarlos -me aseguraron que la cifra era redonda- 6.200 roedores que se habían aposentado en los sótanos, entretechos, rincones, repisas y covachas de la construcción que desde hace cuatro siglos y medio es emblema de los destinos del Perú. Veo en esas ratas palaciegas legadas por la dictadura a la democracia que ahora renace de sus cenizas y en medio de grandes dificultades, una alegoría de lo que pasa en el Perú. En muchos sentidos, los cambios son profundos y exaltantes. El país ha recuperado la libertad, el derecho de opinión y la crítica se ejercita por doquier e incluso con estridencia, y los partidos y dirigentes políticos polemizan y rivalizan en todos los frentes, en tanto que la lucha contra la corrupción del decenio infame no se ha detenido. Por el contrario, por primera vez en la historia del Perú se hallan entre rejas buen número de militares, empresarios, dueños de medios, traficantes de influencia y prebendas, por robos y otros delitos cometidos al amparo del poder autoritario, y el Poder Judicial, en proceso de purificación, prosigue su tarea con bastante independencia y firmeza. Es verdad que buen número de acusados de fraude, corrupción y violencias se hallan fugados, aquí o en el extranjero, sin que la justicia dé con ellos. Pero, aun así, da la impresión de que, por una vez, no habrá total impunidad -la política de borrón y cuenta nueva- para un buen número de quienes a lo largo de diez años cometieron gravísimos delitos contra los derechos humanos, el Estado de Derecho, y saquearon la Nación hasta acumular fortunas inmensas. Este panorama alentador se ve ensombrecido por una crisis económica profunda, que ha empobrecido el país, provocado unos índices de desempleo muy elevados y una caída de los niveles de vida que golpea, con particular brutalidad, a los sectores más desfavorecidos. Por ello, las demandas sociales son muy intensas, a lo que ha contribuido, sin duda, que el presidente Toledo hiciera en su campaña electoral promesas exageradas, de imposible cumplimiento. Todo lo cual genera un clima de agitación y pugna social que dificulta la concertación. La crisis económica es, en gran parte, consecuencia directa de la pillería sistemática y generalizada que la pandilla encabezada por Fujimori y Montesinos, perpetró a lo largo de diez años amparada en la fuerza y la coerción. Como muestra, basta un botón: de los cerca de diez millardos de dólares que ingresaron al Estado en ese período por concepto de las privatizaciones, hechas a menudo sólo para transferir monopolios públicos a monopolios privados o para favorecer a grupos cómplices y de testaferros de gente del régimen, no queda ya un centavo en las arcas del Estado. Deducidos ciertos gastos concretos del servicio de la deuda y los destinados a cubrir el déficit fiscal, buena parte de esa ingente suma se volatilizó misteriosamente, sin que quede ahora rastro de ella. Es decir, fue a perderse en el laberinto de paraísos fiscales y cuentas bancarias secretas de la mafia fujimorista que, al ser excretada del gobierno por la repulsa popular, dejó el país en estado económico comatoso. El poder económico de esa mafia fujimontesinista está casi intacto, pues lo que se ha podido recuperar, o congelar, de las cuentas extranjeras de los numerosos inculpados es todavía insignificante. Y la experiencia reciente de países que se han emancipado de regímenes dictatoriales cleptómanos y que tratan de recobrar lo robado nos indica que, por desgracia, no hay que hacerse demasiadas ilusiones en lo que concierne a la recuperación de los dineros mal habidos por los prohombres (y algunas promujeres) de la dictadura. ¿Cómo fue posible que un régimen de esta índole, manejado por rufianes descarados y explícitos, que no sólo cometían a diario innumerables fechorías, sino, como hacía Vladimiro Montesinos, las filmaban en cientos, acaso miles de videos, que documentan día a día las dimensiones vertiginosas de la corrupción, fuera, durante buena parte de estos diez años de oprobio, un régimen popular? Porque, para vergüenza de los peruanos, lo fue, y hasta los dos últimos años, acaso menos, de su proterva existencia. La respuesta a esta pregunta es: gracias al inteligente e inescrupuloso manejo de los grandes medios de comunicación, en especial los canales televisivos de señal abierta, que la dictadura puso a su servicio, comprando a sus dueños. La manera como procedió Montesinos, el habilidoso genio maléfico del servicio de inteligencia de la dictadura fue, al mismo tiempo, sutil y brutal. A ciertos medios de comunicación los chantajeaba, mediante la oficina de impuestos. A condición de su silencio, servilismo y complicidad la espada de Damocles del cobro de los tributos acumulados se alejaba o acercaba hasta amenazar la supervivencia de la empresa. Los que no se entregaban debían pagar sus deudas, que crecían a capricho del régimen. En otros casos, la operación era más cruda y directa: los dueños de los medios vendían en monedas contantes y sonantes, su línea editorial, sus primeras planas, sus informaciones, las mentiras, infamias y silencios que servían a la propaganda del régimen y a la satanización y desprestigio de sus críticos mediante campañas y diatribas que Montesinos concebía, administraba y ordenaba. Esta orquestación demagógica de la opinión pública, gracias a los grandes medios de comunicación, fue factor central en la popularidad de un régimen que vivía de y en la mentira. Cuando los periodistas de Canal 2 -Frecuencia Latina- se rebelaron contra estos métodos y empezaron a decir la verdad, -ellos dieron a conocer los millones que ingresaba Montesinos en sus cuentas y algunas matanzas de los escuadrones de la muerte de la dictadura- el régimen privó de la nacionalidad peruana a su dueño, Baruch Ivcher, y entregó el canal a sus accionistas minoritarios (ahora presos), a los que tenía sobornados. Desde entonces, el Canal 2 fue también, como los otros, un vertedero de las inmundicias políticas del régimen. Los dueños de los dos canales más poderosos del país -el 4 y el 5- fueron comprados con billetes de dólares, muchos millones. Y, naturalmente, filmados también por Montesinos, en videos donde aparecen, en escenas que dan náuseas, contando las pirámides de dólares, y, en medio de vulgaridades pestilentes, mendigándole al amo y señor del régimen de fuerza, más millones de los que recibían a cambio de su labor de turiferarios mediáticos. Esos personajes -los Crousillat en Miami y Schutz en Argentina- están ahora prófugos. Pero, aunque usted no lo crea, siguen siendo los amos y señores de esos canales que alquilaron a la dictadura para manipular a la opinión pública, desinformando y mintiendo, calumniando, defendiendo los fraudes electorales y las violaciones a la Constitución, y, naturalmente, cerrándose a piedra y lodo a los opositores, al extremo de que en las últimas elecciones fraudulentas, se negaron a pasar incluso los avisos pagados de los candidatos no fujimoristas. Para guardar las apariencias, los prófugos han traspasado sus acciones a testaferros de la familia. Mi opinión es que dejar estos instrumentos en manos de quienes cometieron, valiéndose de ellos, el peor crimen que se puede cometer contra una sociedad -destruir el Estado de Derecho y amparar una dictadura-, constituiría un peligro mortal para la democracia que ahora comienza, rodeada de acechanzas, a levantar cabeza en el Perú después de una década abyecta. Sería igual que dejar en manos de sus dueños un laboratorio que obtuvo una licencia para producir medicinas y se dedicó a fabricar estupefacientes, o el fusil en manos de quien acaba de perpetrar un asesinato. El arma del delito de estos personajes prófugos fueron esas licencias que ellos vendieron a la dictadura y que, ahora, utilizan a través de intermediarios para una lenta labor de zapa de la democracia. En un acto de verdadera provocación ya no sólo a la democracia, sino a la simple decencia, uno de esos canales se apresta a reponer el programa "informativo" de uno de los peores esbirros mediáticos de la dictadura, Nicolás Lúcar, de cuyos métodos puedo dar testimonio personal, pues, cuando el autogolpe, me preparó una emboscada en la que ingenuamente caí: me ofreció su programa para dar mi opinión sobre lo que ocurría en el Perú, y, a la hora de la entrevista, me cortaba el micro y, mientras yo movía la boca sin emitir sonido alguno, él vomitaba propaganda y consignas fujimoristas. Su regreso a la pantalla es todo un símbolo de la desvergüenza con que la mafia fujimontesinista ha emprendido su nueva batalla para frustrar la democratización del Perú. Esas licencias deben serles retiradas, no mediante un acto de fuerza sino siguiendo rigurosamente los procedimientos que contempla la ley, para asegurar una libertad de expresión y de crítica que aquéllos ayudaron a conculcar y que ahora quisieran envilecer a fin de obstruir la transición democrática. Naturalmente, el proceso debe tener como meta la transferencia de esas licencias a otros empresarios privados, mediante una licitación transparente y bajo severa vigilancia internacional, de manera que ni el Gobierno ni el Estado peruano puedan, ni directa ni indirectamente, beneficiarse con la transferencia, ni echar mano de esas empresas, porque si así ocurriera, el remedio resultaría tan nefasto como la enfermedad. Pero hay maneras sobradas de asegurar esa transferencia dentro de la sociedad civil, sin intervención del Gobierno, con participación de organismos de probada independencia -asociaciones internacionales de comunicaciones y auditores internacionales de prestigio- para levantar la hipoteca que hoy día pesa sobre la difícil reconstrucción de la legalidad y la libertad en el Perú. Ésta jamás será una realidad mientras, como en el palacio de Gobierno antes de la desratización, las alimañas que la dictadura prohijó, sigan desde sus cuevas y escondrijos preparando nuevos liberticidios ¡en nombre de la libertad!
(c) Mario Vargas Llosa (2001)

Teoría de la Información Periodística

Blog de uso exclusivo para los alumnos del Tercer Semestre "A", de la mañana de Comunicación Social de la Universidad Central de Venezuela, en la formación inicial en el conocimiento de la teoría periodística y su práctica. Este blog es manejado por el Lic. Víctor Hugo Febres J., quien tiene el placer de estar invitado a impartir esta cátedra.