De cómo el régimen fujimorista acalló al último canal crítico

Luego del autogolpe de Alberto Fujimori, el Gobierno peruano compró y silenció gran parte de las voces y los medios televisivos disidentes o críticos. El caso de la televisora Frecuencia Latina no fue el único, pero sí el más representativo por la proyección internacional que tuvo y el antecedente continental que representa. La Corte Interamericana falló a favor de Baruch Ivcher, accionista mayoritario de la emisora, y ordenó que el Estado restituyera sus derechos
Ana Elena Azpúrua
El 13 de julio de 1997, los televidentes del canal Frecuencia Latina de Perú observaron un nuevo reportaje de investigación que denunciaba abusos del régimen fujimorista: en el programa Contrapunto se informaba sobre 197 intervenciones telefónicas a periodistas, políticos y al ex candidato presidencial Javier Pérez de Cuellar. No era la primera denuncia, ni la más grave que hacía la emisora, pero fue el mismo día que Baruch Ivcher, accionista mayoritario del canal 2, se enteró de lo que ya presentía: había sido despojado de la nacionalidad peruana a través de una resolución administrativa (como divulgaba el diario oficial El Peruano). La medida tenía repercusiones directas sobre Frecuencia Latina: los extranjeros no pueden ser propietarios de emisoras de radio o canales de televisión en Perú. El empresario de origen israelí se había nacionalizado en 1984. Pero la resolución en su contra era más significativa por la política editorial del canal 2 en el concierto de medios televisivos. "El gobierno de Fujimori fue una dictadura con ropaje democrático, pero fue una dictadura", explica vía telefónica desde Lima, Ricardo Uceda, director del Instituto Prensa y Sociedad. Tras el autogolpe del 5 de abril de 1992, el Gobierno había iniciado un proceso de hostigamiento y censura de los medios. "Había un nivel de corrupción muy grande en los medios de comunicación televisivos. El Gobierno dejaba un poco que los medios impresos actuaran porque los consideraba de menor importancia", señala Uceda. El sometimiento de la televisión, añade, se dio mediante favores y pagos en efectivo. En ese panorama, Frecuencia Latina y las investigaciones que aireaba eran una excepción peligrosa para el régimen. "El único medio que se salió del control gubernamental fue el canal 2 después de haber sido su propietario muy cercano al régimen", comenta el director del IPYS. Sin embargo, cuando Ivcher pasó de ser "entusiastamente partícipe del régimen" a "crítico", se desató una estrategia legal que lo despojó de su control sobre el canal 2.
La escalera de la intimidación Entre finales de 1995 y principios de 1996, Frecuencia Latina creó una unidad de investigación y replanteó el programa Contrapunto, que llegó a tener una audiencia de 3 millones de televidentes (aproximadamente la mitad de los televisores encendidos, según han declarado los directivos del canal). Para Iván García, periodista del canal 2, la "historia del asalto" al medio televisivo se inició en 1996, después de que Contrapunto transmitió una serie de trabajos de investigación que revelaban vínculos corruptos entre algunos militares y carteles locales de la droga en la zona de Huallaga. En ese entonces se televisaron grabaciones radiales y documentos de inteligencia que "demostraban los oscuros nexos entre unos y otros". El poder militar negó las acusaciones, a las que se le agregaban nuevas denuncias. El canal 2 también difundió las declaraciones que el narcotraficante Demetrio Chaves -alias "Vaticano"- había hecho en un juicio público. Chaves afirmó que le había estado pagando 50.000 dólares mensuales a Vladimiro Montesinos, jefe del Servicio de Inteligencia Militar, para que lo dejara sacar droga en avionetas desde Huallaga hacia Colombia. "Hubo presiones directas para que el canal 2 y otros medios no difundieran estas declaraciones de 'Vaticano'. Frecuencia Latina desoyó los mensajes y continuó informando e investigando con absoluta independencia", asegura García, quien entonces era director de prensa. Luego de divulgar esas informaciones, el resguardo policial que recibía Frecuencia Latina fue retirado. En junio de 1992, el canal había sufrido un atentado con carrobomba, por el que inicialmente fue responsabilizado Sendero Luminoso, y en el que murieron tres empleados. Desde entonces una tanqueta vigilaba la estación. Luego de las denuncias de Contrapunto, Ivcher recibió además la visita de Alberto Venero, testaferro y emisario de Montesinos. De acuerdo con el testimonio que rendiría tanto el empresario como dos otros directivos del canal ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Venero le recordó a Ivcher que era un peruano nacionalizado y que tenía intereses en una fábrica de colchones en Ecuador. En 1995 hubo una guerra entre Lima y Quito por el control de cordillera del Cóndor, una zona limítrofe, y la situación entre ambos países continuaba tensa. El empresario se sintió amenazado. Ivcher sostiene que más tarde vinieron nuevas intimidaciones. Luego de transmitir dos programas especiales sobre Montesinos, una supuesta agente del Servicio de Inteligencia peruano le dijo que se investigaba su conexión con el Ejército ecuatoriano y le advirtió que se cuidara. Además, asegura que le ofrecieron 19 millones de dólares a cambio de que discutiera con funcionarios del Gobierno el contenido de Contrapunto. Pasaban los meses y los reportajes que divulgó Frecuencia Latina a principios de 1997 apresurarían la salida de Ivcher. García, quien vivió el conflicto, recuerda bien los temas: la mutilación y asesinato de la agente de inteligencia Mariela Barreto, a la que al parecer se acusó de filtrar informaciones a la prensa; el testimonio de la agente de inteligencia Leonor La Rosa -grabado con una cámara escondida en el hospital militar- en el que cuenta las torturas a las que fue sometida por sospechas similares a las que recayeron sobre Barreto, y los ingresos millonarios de Vladimiro Montesinos.
Vuelos rasantes Luego de los reportajes sobre Barreto y De La Rosa, otros intereses de Ivcher en Perú se vieron amenazados. Helicópteros del Ejército empezaron a volar sobre su fábrica Productos Paraíso, a poca distancia del techo. A los vuelos rasantes se le sumaron las investigaciones por presunta evasión fiscal. El 23 de mayo de 1997, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas parecía preparar el terreno para despojar a Ivcher de la nacionalidad. En un comunicado recalcaba su situación de "ciudadano nacionalizado peruano" al tiempo que lo acusaba de usar a Frecuencia Latina para lanzar una campaña de desprestigio contra las Fuerzas Armadas. El comando rechazaba "la tendenciosa y malintencionada campaña implementada, porque desnaturaliza el respeto a la libertad de expresión y pretende distanciar a las Fuerzas Armadas del pueblo". Cinco días después se publicó un decreto supremo por el cual se aprobaba el Reglamento de la Ley de Nacionalidad N° 26.574 en cuyo artículo 12 se estipula que "la nacionalidad podrá ser cancelada (...) por cometer actos que pudieran afectar la seguridad nacional y el interés del Estado". Un artículo que, de acuerdo con la demanda que se elevaría a instancias internacionales, contrariaba la Carta Magna peruana. Por esos días Ivcher se fue a Miami y los accionistas minoritarios de canal 2, Samuel y Mendel Winter, entraron a jugar sus cartas. Se supo entonces que se habían reunido con oficiales de inteligencia. Los hermanos firmaron un documento desligándose de la línea informativa de la televisora. Luego de una rueda de prensa encabezada por el general Fernando Vianderas, en la cual informó que no existía el expediente con el título de nacionalidad de Ivcher, los socios minoritarios presentaron una acción de amparo en la que solicitaban que se dejara sin efecto la compra de acciones que había hecho el socio mayoritario. Alegaron que al no ser ciudadano peruano estaba impedido de tener una participación en un medio televisivo. Fue entonces cuando el diario El Peruano publicó la noticia oficial: ya Ivcher no tenía nacionalidad.
Los otros socios El 19 de septiembre de 1997, los hermanos Winter tomaron el control de Frecuencia Latina. De acuerdo con García, los meses anteriores habían sido de "resistencia". El periodista recuerda que vivieron un proceso intenso y por momentos dramático. "Las presiones desde el poder eran enormes y las amenazas desde las oscuridades militares mayores. Durante casi dos meses, los periodistas se atrincheraron dentro de la sede de este medio para impedir el asalto, que finalmente se dio". El 19 de septiembre se les impidió el ingreso a los directores de prensa. Ese día, cuenta García, "más de 30 periodistas renunciaron por dignidad". Ese día también marcó un cambio en la línea informativa del canal 2. García señala que Frecuencia Latina se convirtió "en comparsa mediática del Gobierno, especialmente para lograr la segunda reelección inconstitucional de Fujimori en 2000 y para evitar que se siguieran descubriendo graves casos de corrupción y de violaciones de derechos humanos". Ya para ese entonces Ivcher había interpuesto una acción de amparo que fue declarada infundada por el Poder Judicial peruano. El caso llegó hasta el Tribunal Constitucional, que en ese momento sólo funcionaba con cuatro de sus siete miembros porque los magistrados que se negaban a avalar la segunda reelección de Fujimori fueron destituidos por el Congreso. Ivcher, además, también interpuso una medida cautelar para que se suspendieran los efectos de la resolución que lo dejaba sin nacionalidad, pero nuevamente se encontró con una pared, pues fue declarada improcedente. Los intentos del empresario y su familia por recuperar el canal mediante instancias legales internas parecían inútiles. Simultáneamente, el caso había llegado a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, que el 9 de junio de 1997 recibió una denuncia de un parlamentario peruano. El legislador advertía que se estaban creando las condiciones para quitarle la nacionalidad a Ivcher. El 26 de agosto, el propio empresario acudió al auxilio de la comisión, que admitió las peticiones hechas en el caso de Frecuencia Latina y luego formuló sus recomendaciones. El 31 de marzo de 1999, dos años después, la denuncia en contra del Estado peruano, que no había cumplido con las recomendaciones de la comisión en el caso de Ivcher, llegó a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. La comisión le solicitó a la corte que Lima reestableciera y garantizara al empresario el goce de todos sus derechos: la nacionalidad, la propiedad de la televisora, la libertad de expresión y que lo indemnizara por los daños materiales y morales que había sufrido. Al empresario, su esposa y su hija se le abrieron más de 20 juicios. La suma de los posibles años de cárcel para ellos era de más de 110. En la Corte Interamericana se libraba otra batalla. En agosto de 1999, Perú envió una comunicación en la que le informaba que el Estado había decidido retirarle la competencia al órgano judicial interamericano. Pero la estrategia jurídica no prosperó, pues a pesar del retiro de Perú, la corte se declaró competente para dictar sentencia en una caso que había sido introducido meses atrás. El 6 de febrero de 2001, la Corte Interamericana emitió su sentencia: Perú había violado los derechos de Ivcher y debía proveer las condiciones para que el empresario recuperara sus acciones en Frecuencia Latina. Finalmente, Ivcher recobró el control de la estación.
La prensa chicha y otras presiones E l sociólogo y periodista Fernando Rospigliosi, en su testimonio ante la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, enumera diversas estrategias del gobierno de Fujimori para desprestigiar a sus "enemigos" a través de la llamada prensa chicha o sensacionalista. Cuenta que se demostró que de la oficina de relaciones públicas del Ejército habían llegado faxes con varios titulares a esos diarios. Asimismo, menciona que trabajadores de El Chato demostraron que el dueño recibía hasta 6.000 dólares por titular publicado con su respectiva noticia inventada.
La publicidad oficial se convirtió también en un arma para premiar o castigar la sumisión o la crítica al Gobierno. "La publicidad estatal fue la más importante en 1999 y la primera mitad de 2000, debido a la crisis y a la recesión, pero fue usada con propósitos políticos y de presión sobre los medios", señala Rospigliosi en su testimonio, y añade: "A los adeptos al Gobierno se les daba información privilegiada y a los medios críticos no se les daba ni siquiera la información que debía ser pública".
Controlar la televisión era primordial para Fujimori. "Para ello se utilizaba mecanismos económicos contra las empresas. La Superintendencia de Administración Tributaria era particularmente estricta con quienes eran críticos del Gobierno, y extremadamente liberal con quienes no lo eran", recuerda Rospigliosi, autor del libro El arte del engaño: las relaciones entre los militares y la prensa.
En el caso de Frecuencia Latina, la prensa chicha formó parte de la estrategia para quitarle el control del canal a su accionista mayoritario Baruch Ivcher. Dos revistas apegadas al Gobierno -Gente y Sí- lanzaron campañas en su contra, señala el periodista del canal 2 peruano, Iván García. El reportero cuenta que, por ejemplo, Sí intentó comprometer a Ivcher al vincularlo con un comercio de armas para las Fuerzas Armadas de Ecuador. El canal 2 comprobó luego que los documentos eran fraguados. "La farsa fue desmontada por Contrapunto, pero en un insólito acto, el Congreso, dominado por la mayoría fujimorista, censuró a los periodistas de ese programa por haber entrevistado a militares ecuatorianos. Al final, el operativo contra el canal 2 por este camino no prosperó".
Luego de la huida de Fujimori a Japón, aparecieron recibos en los que "quedaron demostrados los millonarios pagos mensuales que Montesinos hacía a los Winter para tener el control de los contenidos del canal 2", acota el periodista, para quien, una vez que los hermanos tomaron el control de Frecuencia Latina, "toda la televisión peruana se convirtió en prensa oficialista".